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viernes, abril 29, 2022
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UBER no quiere transparentar a sus socios, pero lo hará para seguir en Puebla

Para UBER el artículo más polémico es el 92 Quarter de la Ley de Tranpsortes, al decir que la propuesta de que las autoridades tengan acceso al sistema de UBER para vigilar en tiempo real a usuarios y socios-conductores, representa un atropello a los derechos humanos de privacidad.

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La Empresa de Redes de Transporte UBER dio a conocer que la nueva regulación propuesta por el gobierno del estado es discriminatoria por prohibir el pago en efectivo y viola la privacidad de usuarios y conductores al imponer que las autoridades tengan acceso a la plataforma para vigilar el recorrido en tiempo real de las unidades, por quién es manejada y utilizada. Sin embargo, señaló que apoyará en todo momento la decisión del gobierno con el fin de seguir operando en Puebla.

La compañía de origen estadounidense dijo que los artículos de la Ley de Transportes que contravienen su operación y vulneran principalmente a los usuarios son el 12 Bis, el 36 Bis y el 92 Quarter.

Comentó que en caso de que se prohíba el pago en efectivo, más de 150 mil poblanos que perderían acceso a una opción eficiente de transporte en la ciudad, por que los convertiría en una población discriminada por no tener acceso a medios bancarios de pago.

Y es que en el caso del artículo 12 Bis señala que: (…) “Se entenderá como Empresa de Redes de Transporte a las Sociedades Mercantiles Nacionales cuyo objeto sea la prestación del Servicio Ejecutivo, mediante la administración y operación de aplicaciones y plataformas informáticas (…) El pago por la prestación de este servicio se realizará únicamente de forma electrónica

La empresa criticó que las autoridades busquen tener acceso a la plataforma para vigilar en tiempo real a usuarios y socios-conductores, representa un atropello a los derechos humanos de privacidad e intimidad de las personas.

Además, dijo que el costo y tiempo adicional que implica la licencia mercantil haría prohibitiva la oportunidad de conducir en un esquema flexible y que a su vez esta no garantiza por sí misma una mejoría en condiciones de seguridad.

Según la iniciativa, el artículo 36 bis señala que “los choferes deberán tener tarjeta de circulación, copia de la póliza de seguros y cédula de identificación del servicio ejecutivo”.

Para UBER el artículo más polémico es el 92 Quarter de la Ley de Tranpsortes, al decir que la propuesta de que las autoridades tengan acceso al sistema de UBER para vigilar en tiempo real a usuarios y socios-conductores, representa un atropello a los derechos humanos de privacidad e intimidad de las personas.

De acuerdo con la iniciativa, las ERT deberán “proporcionar a la Secretaría, de manera mensual, el registro de sus conductores debidamente certificados; permitir a la Secretaría, el acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas que utilicen para la prestación del servicio, para vigilar a los conductores y garantizar la seguridad de los usuarios que demandan servicio de transporte punto a punto”.

Además que será “causa de cancelación del registro, alterar de cualquier forma la información contenida en las plataformas tecnológicas de las Empresas de Redes de Trasporte”; “vigilar que los usuarios concluyan los viajes para los cuales solicitaron el servicio y en caso de que no se pueda verificar la conclusión oportuna, deberán informar de inmediato a la Secretaría”.

«Parte de esta nueva regulación, en vez de enfocarse en promover acciones de seguridad, busca bloquear el principio de la economía colaborativa de permitir que las personas decidan cuándo, dónde y cuánto tiempo destinarán a tener un ingreso extra, además de impedir el acceso a las personas que no cuentan con una tarjeta bancaria y, sobre todo, violar el derecho a la privacidad e intimidad de las personas”, expresó la empresa.

Tan solo por la expedición de licencias de transporte mercantil para los 9 mil choferes que tiene registrados UBER, el gobierno de Puebla captaría 41 millones 175 mil pesos, cifra a la que se sumaría el gasto que realicen las demás empresas de redes de transporte como Cabify por este requisito.

Entre los nuevos lineamientos destacan la expedición de licencia mercantil, la Carta de Antecedentes No Penales, que ya no cobrarán en efectivo y que deben transparentar su padrón de socios y choferes, así como el número de viajes que realicen.

Con información de Periódico Central.

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