Historias de un joven reportero
Por: Gerardo Ruiz / @GerardoRuizInc
El ignominioso Grupo Atlacomulco encontró en Puebla uno de sus negocios más redituables durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. La mafia que creó Carlos Hank Rhon y que después heredó Enrique Peña Nieto, en complicidad con el ex gobernador panista, se dedicaron a saquear al estado a través de esquemas financieros de alto riesgo sin importar que hoy la entidad poblana esté hipotecada.
Además de controlar las principales posiciones políticas del país, el grupo que nació en el Estado de México fue el encargado de endeudar a un ritmo vertiginoso y de manera escandalosa a todos los estados que fueron gobernados en los últimos años por el PRI o por panistas con corazón tricolor como el caso de Moreno Valle.
Tras perder la elección del 2002, el Grupo Atlacomulco mutó a la “asesoría en finanzas públicas locales”, a través de la firma Protego, fundada por el ex Secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, quien un año antes invitó a Luis Videgaray, el poder detrás del trono en el sexenio peñista, como director de Finanzas Públicas Estatales y Municipales, con el claro objetivo de que los estados o municipios pudieran acceder a los mercados de préstamos.
La ingeniera financiera y fiscal diseñada por Aspe y Videgaray sedujo a entidades como Estado de México, Coahuila, Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Tabasco, gobernadas por priistas quienes impulsaron después a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República.
A través de los esquemas propuestos por Protego, estas entidades aumentaron de manera escandalosa su deuda pública en apenas unos años al pasar de cientos a miles de millones de pesos, como el caso de Coahuila, encabezada Humberto Moreira, quien recibió pasivos por 323.2 millones de pesos en 2005 y para su último año completo en el Gobierno, 2010, debía 8 mil 267 millones de pesos que al siguiente año fueron 36 mil 509.
En 2005, Enrique Peña Nieto se convirtió en Gobernador del Estado de México y Videgaray en su Secretario de Finanzas. En Protego, ascendió el también economista Fernando Aportela Rodríguez a la dirección de Finanzas Públicas e Infraestructura.
A su cargo quedó entonces el negocio de desarrollo de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) en las entidades federativas, asesorando a Gobiernos estatales para “adecuar su marco jurídico” y permitir este tipo de financiamientos de largo plazo.
El nombre de Fernando Aportela empezaría a sonar con fuerza en Puebla al inicio del sexenio de Moreno Valle. De hecho, en la documentación del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago firmado el 29 de noviembre de 2012 entre Protego (ahora Evercore) y el gobierno morenovallista, con la función de que la administración poblana tuviera un “mecanismo de administración y fuente de pago de las obligaciones a cargo del estado derivada de proyectos”.
En diciembre siguiente, Luis Videgaray –quien había coordinado la campaña presidencial de Peña Nieto– se convirtió en Secretario de Hacienda y Aportela en Subsecretario de la misma.
Desde esas fechas, Aportela Rodríguez, Moreno Valle y Roberto Moya, a la sazón secretario de Finanzas en Puebla, comenzaron a crear los famosos paraísos fiscales para desviar recursos del gobierno de Puebla y depositar las millonarias ganancias en efectivo de sus dirty business.
La complicidad entre estos tres comenzó a crecer a tal grado que, en agosto de 2014, el Subsecretario de Hacienda fue el encargado de diseñar el PPS para la construcción del Museo Internacional del Barroco, el gran elefante blanco del morenovallismo.
El MIB que ahora está en boga.
“Este esquema de Proyectos de Prestación de Servicios no podía haberse hecho hasta que entró Moreno Valle y el Congreso le dio visto bueno a esa ley, que permite colaboraciones públicas y privadas”, aseguró Fernando Aportela durante la presentación de la obra de mil 390 millones de pesos.
Un año antes de terminar el sexenio de Peña, Aportela abrió su consultoría Altor Finanzas e Infraestructura, desde la que Moreno Valle y Moya Clemente siguieron lavando dinero y evadiendo sus responsabilidades fiscales a través de los complejos andamiajes que el brazo derecho de Videgaray creó y que ahora la Unidad de Inteligencia Financiera tiene bien identificados.
Y es que Santiago Nieto, titular de la UIF, no pasó por alto las acusaciones del abogado Javier Coello, representante de Emlio Lozoya, al asegurar que fueron Videgaray, Aportela y Miguel Messmacher, los que recomendaron al ex director de Pemex comprar la cuestionada empresa Fertinal.
Para Nieto y su temida Unidad de Inteligencia Financiera fue fácil seguir la ruta del dinero que dejó Moreno Valle a su muerte.
Moya y sus cuentas bancarias congeladas son sólo la punta del iceberg.
Off the record
Una fuente de extrema confianza le confío a este reportero que los largos brazos de Roberto Moya y Fernando Aportela también alcanzan a Grupo Proyecta, de la familia Posada Cueto, en donde trabaja Gabriela Aportela, hermana del dueño de Altor y ex trabajadora de Moya en la SFA.
No hay que pasar por alto que Pedro Aspe es socio de Grupo Proyecta.
La ruta del dinero de Moreno Valle y Moya están en todos los negocios que vieron su boom durante el sexenio del gobernador emanado del PAN.
Eso, hasta un ciego lo puede ver.
Es cuestión de tiempo.
