Los dos responsables de que no se haya cristalizado esta promesa fueron los secretarios de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga y Elsa Bracamonte.
El 12 de octubre de 2019, la tarifa del transporte público en Puebla subió a 8.50 pesos con la promesa de que se modernizarían las unidades y se colocarían dispositivos de seguridad como cámaras y botones de pánico.
Los dos responsables de que no se haya cristalizado esta promesa fueron los secretarios de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga y Elsa Bracamonte.
Aréchiga salió de la dependencia 12 de marzo de 2021 y con la Policía Estatal fue escoltado para que dejará su oficina sin llevarse ningún documento.
El entonces gobernador, Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que el ex funcionario fue despedido porque no cumplió con los objetivos de la modernización del transporte público que se le encomendaron.
Posteriormente, fue acusado de corrupción y de vender concesiones del transporte público. En marzo de 2022 fue detenido por la Fiscalía de Puebla y permaneció un año en prisión hasta el pasado 3 de marzo que fue liberado.
Con Guillermo Aréchiga en Movilidad y Transporte se llamó a todo el transporte a revista para verificar las condiciones mecánicas y que cumplieran con la instalación de cámaras de videovigilancia con enlace en tiempo real al C5, botones de pánico, sistema de geolocalización y estrobos.
Posteriormente, les dieron un periodo para que cumplieran con estos requisitos, pero al final la dependencia dejó de presionar.
Los concesionarios del transporte público debían comprar los aditamentos con empresas autorizadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte.
Aréchiga fue señalado de irregularidades y de poner a sus familiares a vender los equipos, los cuales al final no fueron funcionales.
Elsa Bracamontes tampoco pudo con la modernización del transporte público
El 12 de abril de 2021, Miguel Barbosa nombró a Elsa Bracamonte como titular de esta dependencia, con el principal objetivo de concretar la modernización del transporte.
La ex funcionaria que dejó el cargo la semana pasada dijo que buscaría que una empresa de talla internacional fuera contratada por el gobierno estatal para brindar el software al cual se conectarían las unidades del transporte público.
“La plataforma madre va a estar aquí, la empresa que gane la licitación, hay varias, hay hasta chinas, está Huawei, AT&T. Hay empresas de gran tamaño. Se está haciendo una cosa muy seria por parte del gobierno”, declaró la funcionaria el 12 de abril de 2022.
El gobierno estatal emitió una licitación para contratar a la empresa encargada de este software, pero al final de declaró desierta.
En abril del año pasado, se publicó un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado para definir los lineamientos en torno a la instalación cámaras de vigilancia, GPS y el resto de elementos de seguridad en las unidades.
En este documento se estableció que todas las unidades deberán tener GPS, dos cámaras de vigilancia móvil, un botón de pánico, sistema de comunicación por tecnología celular y un sistema de videovigilancia.
Al final, la modernización del transporte no se concluyó y el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina nombró a Omar Álvarez Arronte como nuevo titular de la dependencia, ante el fracaso que se ha tenido en el tema.
