Eduardo Rivera Pérez respondió que juicio contra inhabilitación se mantiene, puesto que es falsa la suspensión del amparo, asegurando que dicho procedimiento de auditoría violentó sus derechos constitucionales.
Incluso acusó que esto quedó desvirtuado por la autoridad judicial federal en su resolución de esta fecha, lo que implica que el procedimiento cumplió con todas sus formalidades de ley.
De acuerdo con el portal de internet de la Dirección General de Estadística Judicial, el acto reclamado fue “omisión de dictar resolución final a procedimiento de responsabilidades”.
De fondo esto significa que Eduardo Rivera podría quedar fuera de la contienda electoral para 2018, en la que buscaría ser gobernador del estado de Puebla.
En los últimos seis meses, el ex edil ha denunciado que detrás de las acciones del Congreso en su contra está el ex gobernador y compañero de partido, Rafael Moreno Valle Rosas, para impedirle su registro como aspirante a la gubernatura por no formar parte de su grupo político.
Eduardo Rivera es considerado en la pugna por la renovación del Poder Ejecutivo, aunque el panista ha asegurado que todavía no define el cargo de elección popular por el que contenderá.
Eduardo Rivera inició la batalla jurídica contra el Poder Legislativo en marzo pasado a través de un juicio de amparo en el que denunció tácticas dilatorias del Congreso en la revisión de su cuenta pública de hace cuatro años.
Una vez que se confirmaron las sanciones, la inhabilitación y una multa de 25 millones de pesos, inició un segundo litigio al asegurar que son infundadas las imputaciones en su contra.
