La renuncia de Carrancá: un cubetazo de agua, que tardó 4 años en llegar, para un estado que arde

La crisis de seguridad y violencia provocada por las células del crimen organizado que operan en Puebla y que encrudeció durante el sexenio morenovallista ya es un cáncer enquistado en la entidad que ni la renuncia de Víctor Carrancá, o la de Jesús Morales, secretario de Seguridad Pública estatal, podrán curar.

Historias de un joven reportero

Por: Gerardo Ruiz / @GerardoRuizPue

Víctor Carrancá, fiscal general de Puebla e incondicional de Rafael Moreno Valle, fue estigmatizado tras el caso Chalchihuapan y la irrisoria teoría de la «Onda Expansiva del Cohetón» que mató a José Luis Tehuatlie, así como los experimentos con cabezas de marrano para exculpar al gobierno del ahora senador plurinominal del PAN de dicho asesinato a manos de los policías estatales en el 2014.

El ex procurador de Justicia en Puebla se convirtió en un lastre para Moreno Valle, pero a pesar de ello, el ex mandatario se empecinó en heredar al oriundo de la Ciudad de México a su sucesor Tony Gali.

Desde el inicio de su administración, Gali Fayad jamás vio con buenos ojos la continuidad de Carrancá Bourguet, quien ya era un cadáver viviente en el organigrama del gobierno del estado, al frente de la FGE.

Sin embargo, el actual gobernador de Puebla tuvo que soportar esta y otras imposiciones que Moreno Valle se encargó de blindar a través de los genuflexos diputados locales de la actual legislatura del Congreso del estado.

La ineficiencia de Víctor Carrancá todos los días era exhibida por agrupaciones, observatorios y estudios nacionales, que se encargaron de colocar a la Fiscalía poblana como la peor del país.

Esta dependencia solo se mostró capaz cada vez que Moreno Valle, en un arranque de ira, pedía las detenciones de sus críticos y opositores. La celeridad para armar carpetas de investigación en contra de los detractores del morenovallismo era de récord, pero esta rapidez jamás se replicó en casos verdaderamente importantes como los femicidios de Paulina Camargo o de Mara Castilla, ambos casos evidenciados por jueces federales por las deficiencias en su integración.

A lo largo de la gestión de Carrancá, la anarquía se apoderó de todas las direcciones y departamentos de la FGE; todos los subordinados del fiscal tenían sus pecados y sin ningún pudor los exhibían. Ahí están los casos de los cobros de moches como lo evidenció Página Negra, del periodista Edmundo Velázquez, cuando Luis Gabriel Cerqueda, titular del área de la Dirección de Programación, fue grabado en video recibiendo dinero de un dueño de grúas en el estado; o el robo millonario de una bodega de la Fiscalía por un propio trabajador.

La Fiscalía General de Puebla era una baile de locos en el que cada quien movía sus cuerpos a su propio ritmo.

A pesar de todos y cada uno de los hierros de Carrancá, Moreno Valle se negó a entregar su cabeza.

El penúltimo escándalo del otrora fiscal de Puebla fue la doble ejecución de Juany Maldonado y Erika Cázares en Huachinango durante la reciente elección. Mientras la ex candidata del PVEM y la regidora eran asesinadas, el titular de la FGE estaba en un viaje de placer en la Patagónia, como así lo documento en Intolerancia Diario el periodista experto en temas de transparencia, Jorge Castillo.

Pero, Rafael Moreno Valle también se montó en su macho y tampoco permitió la renuncia de Carrancá, incluso, cuando su esposa Martha Erika Alonso, gobernadora electa —hasta ahora— de Puebla, exigió públicamente su cese al frente de la Fiscalía General.

La permanencia de Carrancá ya era insostenible desde hace años, pero Moreno Valle, fiel a su estilo, estiró la liga hasta romperla.

Ahora, su renuncia luce como una cubetada de agua para un estado que arde como un incendio forestal.

En otras palabras, la separación del fiscal de Puebla es una medida mediática para liberar un poco de presión al gobierno de Gali y a la posible y cada vez menos probable administración de Martha Erika Alonso.

Y es que la crisis de seguridad y violencia provocada por las células del crimen organizado que operan en Puebla y que encrudeció durante el sexenio morenovallista ya es un cáncer enquistado en la entidad que ni la renuncia de Víctor Carrancá, o la de Jesús Morales, secretario de Seguridad Pública estatal, podrán curar.

Las puertas se abrieron a los demonios y ahora quieren controlarlos cuando las llamas están más agresivas que nunca.

Aunque la inseguridad es un tema que ha rebasado a la actual administración galicista, sería insensato omitir las fallas de Víctor Carrancá como procurador y administrador de la Justicia en Puebla.

La ejecución del alcalde electo de Nopalucan, Félix Aguilar Caballero, exhibió una vez más la pasividad de la FGE, pues unos meses antes ya se habían advertido los malos pasos en los que andana el edil asesinado emanado de las filas del Verde Ecologista y aún así nadie en la Fiscalía poblana tomo en serio la denuncia hecha por la CTM en tiempos electorales. Además, la población nopaluquense también ya había dado pruebas de los nexos que el ahora occiso tenía con las bandas dedicadas al robo de trenes y huachicoleros de la zona.

Pero, como es costumbre en la dependencia de Carrancá, nadie hizo caso y el desenlace fue la muerte de otro político en el estado.

Otra vez Puebla es noticia nacional por la ingobernabilidad y violencia que ya es cada vez más frecuente.

Si no son policías municipales son candidatos o alcaldes electos los que ahora engrosan las cifras de ejecuciones del crimen organizado en nuestra entidad, datos que fueron ventilados durante el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.

¿Cuánta sangre más tiene que correr para que se hagan cambios de fondo que reviertan la crisis por la que atraviesa Puebla?

¿Cuál será la próxima cabeza que rodará para tapar el sol con un dedo?

Mientras que sigan poniéndole curitas a un estado que se desangra.

¿Qué carajos le pasó a Puebla?