Recursos por 102.3 millones de pesos reintegró Puebla a la federación, entre 2010 y junio de 2017, debido a que su gasto no fue justificado, o bien, fueron ocupados en fines que no están permitidos.
Así lo revela un informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el cual detalla que únicamente entre 2015 y 2016, que fueron los dos últimos años del gobierno de Rafael Moreno Valle, se devolvió al gobierno federal el 78 por ciento del total.
A nivel nacional, las entidades reintegraron 8 mil 684.5 millones de pesos en ese periodo.
Empleados de manera ilegal
De los 102.3 millones de pesos que Puebla regresó a las arcas federales, la mayor suma corresponde a 2016 que fue el último año del sexenio de Moreno Valle, y esta ascendió a 42.3 millones de pesos.
Un informe preliminar de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitido en julio pasado, dio a conocer que en ese periodo se emitieron observaciones por el gasto de 226 millones de pesos, por lo que la cifra que fue reintegrada equivale al 18.7 por ciento.
Destaca también el año 2015 –el penúltimo de la gestión morenovallista– en el que se devolvieron 37.7 millones de pesos. En ese lapso la cantidad cuestionada fue por 4 mil 570.3 millones de pesos, por lo que lo recuperado es apenas el 0.8 por ciento.
En 2010 la suma fue por seis millones de pesos; ese año corresponde al último del sexenio de Mario Marín Torres.
En 2011 la cantidad descendió a 0.9 millones, mientras que los recursos observados en ese periodo sumaron 1 mil 131.7 millones.
En 2012 el gobierno poblano tuvo que regresar 3.9 millones de pesos de los 425.9 que le fueron cuestionados; en 2013 la cifra devuelta ascendió a 11.5 millones de los 649.2 cuyo destino fue observado.
Finalmente, en 2014 la administración estatal no reintegró recursos a las arcas federales, aunque la ASF pidió que se aclarara un monto de 501.1 millones de pesos.
Las razones por las que las entidades tuvieron que regresar recursos a la federación son: recursos y rendimientos financieros que no fueron etiquetados a algún proyecto en particular, por lo que se desconocía su paradero; no fueron ocupados como la ley lo indica; no se presentó documentación que comprobara su uso; o fueron empleados en fines que no están autorizados tales como pagos en exceso.
A esa situación debe sumarse que el pasado 12 de mayo la ASF presentó una denuncia penal en contra de funcionarios del gobierno del estado por no que no pudieron aclarar el gasto de otra suma por 122.3 millones de pesos que Puebla recibió en 2011 para los pueblos indígenas.
Fuente: E-Consulta
